MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
La regulación se postula como un elemento esencial para la presencia de los derechos humanos en las decisiones de inversión, algo a lo que contribuirá la Directiva de Debida Diligencia (DDCSR) que la Unión Europea (UE) presentó en marzo de 2022, según los expertos reunidos por Spainsif.
Esta propuesta de directiva está impulsada de manera conjunta por el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea y tiene como objetivo principal fomentar la sostenibilidad en las cadenas de suministro de las empresas de cara a 2025 para identificar y prevenir, eliminar o mitigar los impactos adversos de sus actividades sobre Derechos Humanos o el medio ambiente, ha recordado el foro en un comunicado.
Los expertos han hecho hincapié en que la regulación contribuye a que los derechos humanos estén cada vez más presentes en las decisiones de inversión y en que la directiva complementará a otras normativas como la Directiva de Divulgación de Información No Financiera (NFRD) o la de Información Corporativa en Sostenibilidad (CSRD).
«Cuando hablamos de finanzas sostenibles y derechos humanos es fundamental vincular la medición y los indicadores con los riesgos y la rentabilidad, pero también con las oportunidades que se generan desde el punto de vista social y medioambiental», ha destacado el director general de Spainsif, Francisco Javier Garayoa.
Asimismo, los ponentes coincidieron en que la directiva es un buen punto de partida. Desde el punto de vista financiero, resaltaron que la regulación presenta el potencial de impulsar un cambio de mentalidad en el sector, como ha sucedido con el SFDR, que genera una mayor consideración de los derechos humanos en la inversión.