MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
Fundación ONCE, Fundación Aequitas y Plena inclusión España han lanzado el proyecto piloto ‘Documentos notariales en lectura fácil’, una iniciativa que pretende analizar la viabilidad de hacer comprensibles para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo documentos notariales tales como un escrito de compraventa, un testamento o un préstamo hipotecario.
En este sentido, las tres entidades han suscrito un convenio de colaboración que marca las pautas y el calendario de actuación, que fija el próximo otoño como fecha límite para contar con un informe de conclusiones sobre el proyecto.
El objetivo del proyecto piloto es explorar la viabilidad de redactar versiones de documentos notariales en Lectura Fácil y de concretar cuáles sería más útil elaborar para el beneficio de las personas con discapacidad intelectual.
Según han señalado sus impulsores, el acuerdo cuenta ya con una lista de documentos susceptibles de llevar a Lectura Fácil que incluye textos tales como el testamento vital o la aceptación y adjudicación de una herencia, además de un escrito de compraventa, un testamento o un préstamo hipotecario, entre otros.
Para analizar si es viable o no redactar estos documentos en Lectura Fácil y la posibilidad de hacerlo también con otros, el convenio prevé la constitución de un equipo de trabajo integrado por notarios junto con un servicio de accesibilidad cognitiva de Plena inclusión, y fija cinco localidades en las que se llevará a cabo el proyecto piloto: Madrid, Barcelona, Toledo, Valladolid y Gran Canaria.
Asimismo, la propuesta piloto prevé acompañar cada uno de ellos de un texto explicativo de lo que es y para lo que sirve. Así, por ejemplo, se trataría de hacer un documento en Lectura Fácil en el que se explique qué es un testamento y se acompañe de una versión también en Lectura Fácil del testamento de una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo.
La puesta en marcha de ‘Documentos notariales en Lectura Fácil’ surge tras la reforma legal aprobada en 2021 para adaptar la legislación civil española a la convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entre otros puntos establece su igualdad en cuanto a capacidad jurídica y prohíbe la discriminación en este ámbito.